Tras la aprobación de nuevas leyes para regular el alquiler de alojamientos turísticos hace poco más de un año, Málaga empieza a sentir los efectos del creciente número de propiedades que se alquilan a los turistas.
Desde que se aprobó la nueva legislación en mayo de 2017, que regula los alquileres de vacaciones en Andalucía, la provincia de Málaga ha visto a miles de propietarios registrar sus casas en la Junta de Andalucía, para evitar problemas con la ley.
Hasta la fecha, se han registrado más de 15.000 propiedades ante las autoridades, lo que representa más del 60% de la oferta total de alojamiento turístico de la provincia. Pero, según un reciente artículo del periódico malagueño Sur, no es sólo la ley lo que debe preocupar a quienes desean alquilar sus propiedades a los turistas.
Los hoteleros siguen expresando su preocupación por la competencia desleal, algunos ayuntamientos están considerando la posibilidad de establecer límites en el número de propiedades alquiladas a los turistas en determinadas zonas y, como ya ha sucedido en otras ciudades españolas como Barcelona, los residentes están empezando a quejarse de las consecuencias indeseables de los alquileres a corto plazo, como el ruido y otras molestias.
Al mismo tiempo, existe una creciente preocupación de que la popularidad del alquiler turístico en algunas ciudades de la Costa del Sol podría conducir a una desertificación impulsada por AirBnB, ya que la población local no puede competir con los precios de las propiedades de alquiler que los visitantes están dispuestos a pagar, y poco a poco son expulsados de las zonas más populares.
La Sociedad de Administradores de Fincas de Málaga, está ejerciendo presión en nombre de las comunidades de toda la provincia para tratar de garantizar que los propietarios que deseen evitar que las propiedades de su comunidad sean alquiladas a los turistas puedan hacerlo.
En la actualidad, a menos que los estatutos de una comunidad prohíban expresamente esta práctica, cualquier propietario puede, en teoría, alquilar su propiedad a los turistas. Para impedirlo es necesario modificar los estatutos, lo que requiere la aprobación unánime de todos los propietarios, algo que no es probable que ocurra si uno o más desean utilizar su casa para el alojamiento de turistas. La única otra opción que tienen las comunidades es llevar a los propietarios recalcitrantes a los tribunales, un proceso potencialmente largo.
La Sociedad de Administradores de Fincas de Málaga propone un cambio en las normas que permitiría a las comunidades impedir que los propietarios alquilen a los turistas por mayoría simple, lo que significa que un solo voto de cualquier manera sería suficiente.
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